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La diputada nacional por San Juan, Nancy Picón, presentó una iniciativa en el Congreso que busca preservar la solemnidad de los actos democráticos mediante sanciones económicas. El proyecto establece que aquellos funcionarios que se aparten de las fórmulas reglamentarias al asumir sus cargos sufran un descuento automático y permanente en sus haberes.
Una sanción económica a la «jura libre»
La propuesta de la legisladora, quien responde al gobernador Marcelo Orrego y preside el bloque Producción y Trabajo, no prohíbe que los funcionarios mencionen causas o personas particulares, pero impone una consecuencia financiera inmediata: la donación del 50% de su salario total.
Según el texto legislativo, este descuento se aplicaría de manera mensual durante todo el tiempo que el funcionario permanezca en su cargo. Además, el proyecto estipula que quien decida alejarse del texto oficial estará aceptando la reducción de sus haberes de forma «incuestionable».
El origen de la iniciativa
Picón fundamentó su propuesta en las polémicas ocurridas durante el último recambio legislativo, donde se observaron juramentos por banderas extranjeras o figuras con condenas judiciales.
“¿Qué garantía nos da de que luego nos van a representar como corresponde?”, cuestionó la diputada, señalando que algunos actos rozaron la apología del delito.
Destino de los fondos
El dinero recaudado por estas sanciones no quedará en las arcas generales, sino que tendrá un fin específico:
- Será transferido automáticamente al Ministerio de Capital Humano (o el organismo que lo reemplace).
- Se destinará exclusivamente a la financiación de programas de contención social.
La legisladora sanjuanina incluyó esta propuesta dentro de su agenda para el inicio del 2026, junto con otro proyecto que busca la implementación de «pirotecnia cero» debido al impacto ambiental y en la salud.
