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El Concejal caucetero Emanuel Castro, del espacio Cambia San Juan, fue denunciado penalmente por su secretaria, Cristina García, quien relató cómo le quitaban el 50% de su sueldo bajo el argumento de que ese dinero se utilizaba para pagar el alquiler del espacio donde funciona la sede partidaria de Cambia San Juan en Caucete.
Según la denunciante, los concejales Emanuel Castro y Ramiro Farran justificaban el descuento de su salario con ese motivo. La mujer presentó la denuncia penal y expuso públicamente su situación, lo que generó repercusión política y pedido de explicaciones a las autoridades partidarias de Producción y Trabajo y a dirigentes cercanos al gobernador Marcelo Orrego.
Durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Caucete, el bloque oficialista integrado por Marina Poblete, Luis Roca y José Luis Giménez propuso que los concejales Castro y Fernández —denunciados penalmente ante la UFI de Delitos Especiales de San Juan por extorsión y abuso de autoridad— fueran suspendidos de sus funciones.
Sin embargo, la moción no prosperó debido a que los ediles Franco Buffagni y Pedro Gómez, del mismo espacio político (PJ), decidieron no apoyar la medida. De esta manera, Castro y Fernández continuarán en sus cargos y cobrando sus sueldos hasta que la Justicia determine si son culpables o inocentes.
Durante el debate, el concejal Luis Roca pidió que los denunciados dieran un paso al costado “aunque sea por ética”, pero no obtuvo respuesta. En un momento de gran tensión, el presidente del Concejo habilitó la palabra a la denunciante, María Cristina García, quien se encontraba en el recinto.
Entre lágrimas, García relató cómo debía entregar parte de su sueldo, mostrando capturas de pantalla y transferencias realizadas por Mercado Pago desde su cuenta personal hacia la de Emanuel Castro, por montos que superan los 300 mil pesos. Afirmó que al dejar de realizar esos pagos, comenzaron los malos tratos y el hostigamiento, llegando incluso a impedirle el acceso a su oficina y recibir visitas en su domicilio para exigirle dinero.
Según su testimonio, la situación la llevó a un extremo emocional que la obligó a preservar su salud mental y reunir fuerzas para denunciar a quienes la hostigaban.
La denuncia fue ratificada ante la Fiscalía y ahora se espera que los fiscales intervinientes investiguen los hechos para determinar responsabilidades.
El caso también generó consecuencias políticas, ya que los partidos UCR y Producción y Trabajo, a los que pertenecen los ediles denunciados, aún no se han pronunciado públicamente.
Por otro lado, dentro del oficialismo local persisten las diferencias internas entre concejales que responden a Romina Rosas y Carina Recabarren, lo que impidió alcanzar un acuerdo para la suspensión de los denunciados.
El hecho deja al descubierto una fuerte crisis institucional en el Concejo Deliberante de Caucete, donde los mismos concejales involucrados votaron para no ser sancionados, generando indignación y cuestionamientos sobre la transparencia y la ética política en el departamento.
A la vez, deja en evidencia un caso de extorsión y abuso de poder, como tantos otros que ocurren a lo largo de la provincia y del país, muchos de los cuales nunca salen a la luz por el miedo, la necesidad y el sometimiento de las víctimas.
