AUDIO FUTURA
Related Articles
Ediles opositores y el gremio SEP aseguran que más de 180 empleados de planta no cumplen funciones. Entre ellos figurarían la esposa del intendente y la cuñada, también vinculada a la política local.
El intendente de Zonda, Juan José Atampiz, quedó en el centro de la polémica tras una denuncia pública encabezada por concejales y el delegado local del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), quienes lo acusan de mantener en la planta permanente del municipio a un alto número de empleados que no se presentan a trabajar.
“Somos 240 personas de planta y solo trabajan, como mucho, 60. El resto está en su casa”, aseguró el delegado sindical Ángel Varela, quien denunció además que entre los “ñoquis” figuran la esposa del intendente y la esposa de su hermano, el exjefe comunal y actual diputado departamental Miguel Atampiz.
La situación motivó la presentación de una nota formal por parte de los concejales Víctor Montaña (Juntos por el Cambio) y Gustavo Ledesma (PJ-Giojismo), dirigida al jefe comunal. En ella, exigen que todos los empleados de planta permanente sean intimados a presentarse a trabajar en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de acciones legales.
Denuncias cruzadas y falta de respuestas
Montaña explicó que la problemática se arrastra desde la pandemia y que los intentos por obtener información oficial fracasaron. “Pedimos un informe al Ejecutivo con el detalle del personal activo y sus funciones, pero nunca obtuvimos respuesta”, señaló. La falta de transparencia los llevó a iniciar una investigación por cuenta propia junto al gremio.
Según el edil, muchos empleados no asisten a sus puestos desde hace años, aunque continúan cobrando sueldos que, dependiendo de la categoría, oscilan entre los $250.000 y $740.000 mensuales. El perjuicio fiscal estimado sería de casi $100 millones mensuales, lo que representaría unos $1.500 millones al año en salarios pagados por tareas no realizadas.
Interpelación e inminente denuncia penal
En caso de que el Ejecutivo no actúe, los concejales adelantaron que conformarán una comisión investigadora y que podrían interpelar al intendente y al diputado Atampiz para que den explicaciones. Además, no descartan llevar el caso a la Justicia la próxima semana.
“Es una estafa al Estado. Estamos hablando de un delito”, aseguró Montaña. En el mismo sentido se expresó Varela, quien dijo que si se intenta simular asistencia con firmas retroactivas, pedirá las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay en el área de personal.
Fuerte malestar social
La denuncia llega en un momento de creciente tensión social. “Hay mucha necesidad en Zonda, muchas familias sin trabajo, y ver que se paga sueldos altos a personas que no trabajan es una injusticia que genera bronca”, advirtieron desde el gremio.
El caso también refleja una fractura política en el oficialismo departamental, ya que Ledesma —peronista del sector giojista— se alió con Montaña para impulsar la denuncia, mientras que los tres concejales restantes, alineados con el uñaquismo, hasta el momento guardan silencio.
