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La Cámara de Diputados de la Nación dio este martes un paso clave en la reforma del Régimen Penal Juvenil al aprobar un dictamen que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por los bloques del PRO, La Libertad Avanza, UCR, Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, establece penas diferenciadas para adolescentes, con un máximo de 15 años para los delitos más graves.
Además de fijar nuevas penas, el proyecto introduce un enfoque restaurativo y preventivo. Se priorizan medidas alternativas como tareas comunitarias, restricciones de acercamiento a las víctimas y mecanismos de reparación del daño causado. También contempla intervenciones especializadas para tratar casos de salud mental, consumo problemático de sustancias y violencia intrafamiliar.
Uno de los puntos centrales del texto es la creación de institutos especiales para menores, separados de los adultos, donde se garantice el acceso a la educación, atención médica y tratamiento de adicciones. El personal de estos centros deberá tener formación específica en infancia y adolescencia, y se prohíbe estrictamente la convivencia con detenidos mayores de edad.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, celebró el consenso alcanzado: “Este dictamen es un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar”.
No obstante, el proyecto también generó cuestionamientos. La diputada Varinia Marín expresó su escepticismo respecto a la capacidad del Estado para implementar las reformas necesarias: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo”.
Desde el bloque Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal enfatizó el carácter progresivo y diferenciado del nuevo régimen: “Este dictamen rechaza ese eslogan mentiroso de que al delito de adulto le corresponde pena de adulto”.
El dictamen ahora quedó en condiciones de ser debatido en el recinto. De ser aprobado, marcaría un cambio estructural en la forma en que el Estado argentino aborda el delito juvenil, con una visión más integral y especializada.
