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El reconocido cantante Abel Pintos ha dado un paso importante al expandir su carrera hacia el sector agropecuario, adquiriendo casi 93 hectáreas en la localidad de San Francisco, en el departamento de Lavalle. Este ambicioso proyecto busca posicionar la marca del músico en el mercado nacional, con la producción de pistacho y aceite de oliva, replicando el modelo agropecuario que ya implementa en Mercedes, Buenos Aires, a través de su emprendimiento «La Matera».
Sin embargo, el anuncio ha desatado un conflicto inesperado. Las tierras adquiridas por Pintos estaban previamente habitadas por más de 30 familias, que adquirieron sus lotes de buena fe, solo para descubrir que habían sido estafadas por los responsables de la venta, Roberto y Ricardo Morales, quienes les vendieron terrenos que no les pertenecían legalmente.
Una de las familias afectadas es la de Alberto “Tito” Angulo, quien, junto a su esposa e hijos, se instaló en el terreno en febrero del año pasado para iniciar un proyecto de granja autosustentable. Tras haber adquirido el lote con los ahorros de una indemnización laboral, la familia Angulo construyó su hogar en base a un contrato de cesión de derechos posesorios. Sin embargo, la situación se complicó en noviembre cuando Marcelo González, representante de Abel Pintos, notificó a la familia que el cantante era ahora el propietario legal de la tierra. Desde ese momento, la familia Angulo ha sido presionada para desalojar la finca, enfrentando amenazas de detención y un plazo de desalojo hasta el 3 de febrero, sin contar con apoyo del municipio de Lavalle, que no puede intervenir debido a que las familias no cumplen con los requisitos de residencia mínima.
A pesar de la controversia que envuelve a este proyecto agropecuario, el plan de Abel Pintos sigue adelante con un enfoque sustentable, que contempla la preservación de la flora nativa y la creación de una escuela para capacitar a jóvenes en nuevas tecnologías aplicadas al campo. El proyecto, que comenzará en 2025 con la plantación de pistacho en 10 a 20 hectáreas, tiene como meta completar las 93 hectáreas para el año 2028, impulsando el desarrollo económico local.
Sin embargo, mientras el emprendimiento avanza, las familias afectadas por la estafa se enfrentan a una realidad incierta, atrapadas entre las promesas del proyecto y la desesperación por encontrar una solución que les permita preservar los hogares que construyeron con esfuerzo. La situación refleja una creciente tensión social en la región, donde la incertidumbre sobre el futuro de estas familias continúa en aumento.
