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En una medida anunciada en X por el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, se confirmó la desregulación completa del servicio de correo postal mediante el decreto 1005/2024. Con esta decisión, el Gobierno busca facilitar el ingreso de nuevas empresas al sector, generar mayor competencia y digitalizar el sistema, quitando la exclusividad que mantenían las empresas estatales sobre el envío de ciertos servicios postales.
Adorni expresó en la red social: “El Gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos. Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Dios bendiga a la República Argentina.” La medida, que entró en vigor con su publicación en el Boletín Oficial en la madrugada del lunes, es parte del proceso de desregulación de la administración pública impulsado por la gestión de Javier Milei, en conjunto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado encabezado por Federico Sturzenegger.
Fuentes oficiales explicaron que, con esta decisión, el Gobierno busca eliminar los “vestigios de predominio postal y exclusividades” otorgados a empresas estatales para la gestión de cartas documento, telegramas y encomiendas menores a 50 kilos, permitiendo el acceso de nuevos operadores que contribuyan a una oferta más amplia y a la reducción de precios y costos del servicio.
El decreto establece que el registro de operadores postales será “simple, electrónico, gratuito y declarativo”, simplificando el proceso para que nuevas personas jurídicas accedan a este mercado. En ese sentido, las modificaciones incluyeron la derogación de resoluciones previas de la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos y de la Comisión Nacional de Comunicaciones, con el fin de “promover transparencia, simplificación, digitalización y seguridad” en el servicio.
Esta medida busca redefinir el servicio postal en la Argentina, abriendo un campo de competencia que hasta ahora había sido monopolizado por el Estado en sectores estratégicos, como la correspondencia oficial y la paquetería. Para el Gobierno, esta decisión se alinea con su objetivo de reducir la burocracia y permitir una oferta diversificada en bienes y servicios públicos, promoviendo una mayor eficiencia en los servicios postales en beneficio de los usuarios y la economía.
