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El proceso judicial por la venta irregular de terrenos fiscales en Médano de Oro, departamento Rawson, sumó nuevos elementos que exponen la magnitud de la maniobra. La principal imputada es Estela Juana Capelli, quien este miércoles afrontó la audiencia de formalización representada por sus abogados, sin concurrir personalmente. La Fiscalía de Estado intervino como querellante en representación de los damnificados, y la causa quedó encuadrada de manera provisoria bajo la figura de estafa
La investigación reconstruye un entramado de operaciones que habría abarcado unas 160 parcelas y que, hasta el momento, motivó 48 denuncias formales. Los terrenos afectados corresponden al Lote N° 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, inmueble provincial cuyo uso autorizado estaba limitado a actividades agrícolas.
La irregularidad salió a la luz cuando el Ministerio de la Producción, dirigido por Gustavo Fernández, detectó construcciones privadas con viviendas, quinchos y piletas en un predio destinado exclusivamente a fines agroproductivos. La denuncia penal derivó en la actual causa judicial.
Paralelamente, la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas rastrea un loteo denominado “Vista al Cerro”, sobre calle Ramón Franco, entre Calle 11 y Roger Ballet. De sus 165 parcelas, 42 fueron vendidas a particulares que creyeron adquirir la propiedad legítima de un terreno.
Además de Capelli, la denuncia involucra a José Alberto Díaz, Víctor Javier Dávila, Alexiana Díaz y Martín Gastón Díaz. Testigos declararon que Capelli habría transferido el lote completo a Díaz, quien luego lo fraccionó y vendió. Otros boletos de compraventa certifican como vendedores a Víctor Javier Dávila Jofré y Claudio Javier Sosa, ampliando el alcance de la presunta red.
El punto clave está en la legitimidad de los títulos de propiedad. Capelli se presentó como heredera de José Hugo Capelli, supuesto adjudicatario original del terreno, pero la documentación oficial confirma que esa persona nunca recibió el lote y falleció en 1994. El registro provincial indica que el inmueble estuvo desocupado hasta 1997, cuando fue adjudicado por licitación a un tercero de apellido Cerda, quien mantuvo la titularidad hasta 2014.
Esto implica que los compradores del loteo “Vista al Cerro” nunca adquirieron un derecho real sobre las parcelas, ya que los supuestos vendedores carecían de respaldo legal. Como consecuencia, decenas de familias se encuentran hoy en la incertidumbre, habiendo invertido dinero en terrenos que siguen siendo propiedad del Estado provincial.
Organismos oficiales advierten que el patrimonio estatal fue gravemente afectado y que la operatoria configuraría un caso de estafa de gran escala. Ahora, la Justicia ordinaria y el Consejo de la Magistratura deberán establecer responsabilidades y definir el futuro de quienes, de buena fe, confiaron en la venta.
