AUDIO FUTURA
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El llamado que obligó a evacuar el Estadio del Bicentenario antes del recital de Lali Espósito fue parte de un fenómeno creciente. La Policía contabiliza el doble de amenazas falsas respecto al año pasado, y la Justicia ya avanza con la causa.
El episodio ocurrido el viernes por la noche, minutos antes del show de Lali Espósito en San Juan, encendió las alarmas en todos los niveles del Estado. Una amenaza de bomba telefónica obligó a activar el protocolo de seguridad y evacuar el Estadio del Bicentenario, generando un despliegue policial de alto impacto y la suspensión momentánea del espectáculo. Aunque se confirmó que no había ningún artefacto explosivo, el hecho no fue un caso aislado.
Según informó la Brigada Antiexplosivos de la Policía de San Juan, en lo que va de 2025 se registraron al menos diez amenazas falsas, el doble de las ocurridas en todo 2024. “Tuvimos cinco el año pasado. Este año ya vamos por diez, todas entre marzo y agosto. Siete fueron en escuelas y tres en edificios públicos. Por suerte, todas fueron falsas, pero no por eso dejan de preocuparnos”, señaló el comisario Jorge Carbajal, jefe de la unidad especializada.
El operativo más reciente, por el recital de Lali, requirió la participación de nueve efectivos. Carbajal advirtió que, si hubiera ocurrido otro hecho en simultáneo, la respuesta podría haberse visto comprometida debido a la falta de personal. Actualmente, la Brigada cuenta con solo 13 agentes y ha elevado un pedido formal para sumar nuevos integrantes.
El costo operativo por cada amenaza ronda entre 2 y 3 millones de pesos, monto que debe ser asumido por los responsables una vez identificados. Sin embargo, el jefe policial aclaró que estos fondos no cubren el desgaste de equipos ni la inversión en tecnología. “Tenemos un solo traje EOD, que cuesta 60 millones de pesos y tiene una vida útil de 10 a 15 años. No podemos darnos el lujo de usarlo en falsas alarmas”, enfatizó.
Frente al incremento de estos episodios, la Brigada, en conjunto con el Ministerio de Educación, comenzará a realizar charlas preventivas en las escuelas. La mayoría de las amenazas son realizadas por estudiantes para evitar exámenes o como una broma, aunque también se han detectado adultos implicados. Tal es el caso de Rosario Cortés Zmutt, una bioquímica que en junio denunció falsamente una bomba en el Hospital Rawson, lo que derivó en una causa penal en su contra.
La amenaza en el estadio donde se presentaría Lali generó además una fuerte repercusión nacional. El fiscal Alejandro Mattar, de la UFI de Delitos Especiales, confirmó que la investigación avanza con tres hipótesis. La llamada provino desde Marquesado, aunque el número utilizado estaba registrado en Buenos Aires y el dispositivo carecía de geolocalización, lo que complica el rastreo.
Mattar también fue contundente respecto al futuro judicial de quien resulte responsable: las penas por este tipo de delito van de 2 a 10 años de prisión, y podrían agravarse si se considera un hecho de gravedad institucional. “No creo que haya posibilidad de una suspensión del juicio. Hablamos de una amenaza anónima y grave. Si se aplica la figura más severa, la pena mínima puede subir a 5 años”, advirtió.
Finalmente, el fiscal lamentó el daño a la imagen pública de San Juan: “Esto nos dejó mal parados a nivel nacional. Esperamos tener pronto una respuesta concreta y un responsable”.
