Investigan posible vínculo entre narco-empleado y la familia Quiroga Moyano en el escándalo por  narcotráfico en 25 de Mayo

En un sorprendente caso de narcotráfico que sacude al municipio de 25 de Mayo, San Juan, un empleado municipal fue detenido en flagrancia mientras descargaba una millonaria carga de drogas en una estación de servicio de Casuarinas. Ángel “Richard” Gutiérrez Garay, de 46 años, fue interceptado mientras usaba una camioneta oficial para recibir un cargamento de 140 kilos de marihuana y 2 kilos de cocaína, valuados en aproximadamente 1.250 millones de pesos (más de un millón de dólares en el mercado negro).

Este impactante episodio ha despertado inquietud en el ámbito político y judicial. La oposición en 25 de Mayo ha solicitado un informe detallado sobre el uso de la movilidad oficial en actividades ilícitas. La investigación, encabezada por el juez Leopoldo Rago Gallo, plantea interrogantes sobre el posible vínculo de Gutiérrez Garay con figuras políticas del municipio, incluyendo a los hermanos Quiroga Moyano, caudillos históricos del departamento.

El acusado, empleado municipal desde hace más de una década, era conocido no solo por sus tareas oficiales sino por realizar múltiples encargos para la planta política del municipio, lo cual incrementa las dudas sobre el alcance de sus relaciones en la administración. Fuentes cercanas al municipio indican que “Richard” fue incorporado durante la gestión de Rolando Quiroga Moyano y trabajó posteriormente junto a su hermano, Juan Carlos Quiroga Moyano, quien actualmente es presidente del Partido Justicialista de San Juan. Según estas fuentes, Gutiérrez Garay también participaba activamente en campañas políticas locales y tenía un vínculo familiar con un interno del penal.

La falta de explicaciones claras por parte del actual intendente, Rodolfo Jalife, ha generado críticas. A pesar de ser informado del incidente el mismo día, Jalife ofreció escuetas declaraciones, asegurando que no dudaría en tomar medidas “si es necesario”, sin confirmar la suspensión ni despido del empleado implicado. La falta de detalles sobre el rol exacto de Gutiérrez Garay y la relación de los Quiroga Moyano con el sospechoso, así como la omisión de medidas internas de control, ha aumentado la presión sobre el jefe comunal, quien evitó preguntas directas de la prensa y se limitó a emitir declaraciones a través de medios afines.

El caso pone en el centro de la discusión la histórica estructura de poder en 25 de Mayo, caracterizada por el caudillismo y cuestionada por la oposición como un sistema de nepotismo. La investigación en curso tratará de esclarecer si el empleado municipal actuaba por cuenta propia o si, dadas las condiciones logísticas y la ubicación estratégica del departamento, existen redes de tráfico que utilizan el aparato municipal como cobertura para actividades ilícitas.

En los próximos días se espera que la investigación avance con la posibilidad de que algunos implicados revelen más detalles de este entramado. La detención de Gutiérrez Garay, hasta ahora un empleado de bajo perfil, marca un punto crítico para el municipio de 25 de Mayo, que debe responder a la comunidad sobre su implicación en este grave caso de narcotráfico.

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